QUITO — Ecuador revocó la nacionalidad a Julian Assange, fundador de Wikileaks.
Según se informó el martes, la justicia del país andino notificó formalmente la nulidad de la carta de naturalización del australiano atendiendo una demanda de lesividad interpuesta por la cancillería.
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Se considera que un activo de naturalización es lesivo cuando se otorga sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión, por ejemplo, el hecho de que la carta de naturalización tuvo múltiples inconsistencias: firmas distintas, posible alteración de documentos y tasas impagas, entre otras.
EL ACTIVISTA SE ENCUENTRA ARRESTADO EN LONDRES
Carlos Poveda, abogado de Assange, dijo a The Associated Press que la decisión se produjo sin respetar el debido proceso, ya que “no se permitió generar espacios de defensa, en la fecha que se le cita (a Assange) él estaba privado de la libertad y con una crisis sanitaria al interior del centro de privación de libertad donde se encuentra”.
Agregó que interpondrá recursos como ampliación y aclaración de la sentencia, y destacó que “más que la importancia de la nacionalidad, es cuestión de respetar los derechos” y seguir el debido proceso para retirar la nacionalidad.
Assange recibió la ciudadanía ecuatoriana en enero del 2018 como parte de un fallido intento del gobierno de Lenín Moreno de convertirlo en diplomático para sacarlo de la embajada de Londres, pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha revocó tal decisión el lunes.
Mundo
La cancillería señaló a la AP que “este es un pronunciamiento de la justicia, que ha actuado en forma independiente y seguido el debido proceso frente a un caso acontecido en el gobierno anterior y que le fue planteado por el mismo gobierno anterior”.
Assange, de 50 años, está encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh desde su arresto en abril de 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció siete años bajo asilo para evadir la extradición a Suecia para responder a denuncias de violación y asalto sexual.
Suecia desistió del caso en 2019 debido al tiempo transcurrido.
Estados Unidos ha pedido en extradición al australiano, atendiendo al hecho de que fiscales estadounidenses han presentado 17 cargos de espionaje y uno de mal uso de una computadora por la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos filtrados. Los cargos conllevan una pena máxima de 175 años de prisión.
