JERUSALEN - Israel puede desde este miércoles, según el acuerdo de gobierno, empezar a ejecutar el plan de anexión de partes del territorio de Cisjordania ocupada, en coordinación con Estados Unidos.
De llevarse a cabo, sería la tercera anexión israelí de zonas que ocupó en 1967, tras la absorción de Jerusalén Este en 1980 y los Altos del Golán sirios en 1981.
Es decir, la segunda, junto a la Ciudad Santa, de un territorio que los palestinos reivindican como parte de su futuro Estado.
Israel ocupa militarmente Cisjordania desde 1967.
Los Acuerdos de Oslo (1993-95), el último marco negociador con los palestinos, repartió de forma temporal la administración de este territorio entre la zona A (bajo control palestino), B (control compartido) y C (control israelí).
Más de dos décadas después, la división continúa e Israel ha construido infraestructuras y colonias donde hoy residen más de 420,000 israelíes a lo largo y ancho de la denominada zona C, el 62% de Cisjordania (Judea y Samaría por su término bíblico para los judíos).
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Esta zona hoy está administrada por el Ejército israelí, que patrulla la zona y se ocupa también de las cuestiones civiles.
Los planes de anexión buscan extender la legislación civil de Israel a parte de estas áreas residenciales además de a la región del Valle del Jordán, fronteriza con Jordania.
La iniciativa de paz presentada en enero por la Administración estadounidense de Donald Trump propone permitir la anexión de hasta un 33 % de Cisjordania, en área C.
El mapa sugerido incluye el estratégico y fértil Valle del Jordán y parte de los asentamientos israelíes.
Las discusiones de última hora sugieren que el territorio a anexionar podría reducirse en un primer paso.
Las advertencias internacionales y la oposición de parte de los colonos por quedarse rodeados de áreas palestinas obligó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a repensar el mapa que dibuja un comité conjunto de Israel y EEUU.
A primera hora de este uno de julio, fecha límite, se desconoce la cartografía final y los plazos de la anexión, que podría llevarse a cabo por fases, empezando por los grandes bloques de asentamientos que rodean Jerusalén como Maale Adumin.
En virtud de la ley internacional, una anexión es la adquisición por la fuerza de un territorio ocupado por la potencia ocupante, en este caso Israel.
Si bien la ocupación militar está regulada como situación temporal, la anexión está prohibida y podría constituir un "crimen de guerra", advierten expertos en derecho internacional.
La trasferencia de población civil de la potencia ocupante a territorio ocupado -es decir, el establecimiento de colonias- también está prohibido por la Cuarta Convención de Ginebra.
La anexión de las colonias israelíes no prevé absorber las áreas colindantes, con población palestina, que quedarían como parte de un futuro Estado de Palestina.
Sin embargo, la propuesta de anexionar todo el valle, una extensa zona de cultivos y recursos hídricos paralela al río Jordán, abre el interrogante de qué ocurrirá con la población palestina que allí reside, de unas 56,000 personas.
En principio, Netanyahu descarta absorber las principales áreas urbanas del valle (en zonas A -como Jericó- y B) y también rechaza ofrecer ciudadanía al resto de palestinos -gran parte de ellos beduinos- del área C que podrían obtener un permiso de residencia, como ocurrió con la población de Jerusalén Este tras su anexión en 1980.
La propuesta de anexión tiene como contrapartida en el plan de paz estadounidense la creación de un Estado palestino.
Sin embargo, los palestinos rechazan un mapa en el que se presenta un estado fragmentado y sin las fronteras exteriores del Valle del Jordán.
La ONU, la Liga Árabe y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, así como múltiples jefes de Estado y de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores, han pedido a Israel que abandone el plan y advertido de las implicaciones para la paz regional, mientras Estados Unidos sigue dispuesto a impulsarlo pese a la oposición casi unánime de la comunidad internacional.
Amnistía Internacional considera que la anexión promoverá "la ley de la jungla", en tanto que numerosas ONG locales e internacionales han mostrado su preocupación por el peligroso precedente que supondría y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló: "La anexión es ilegal. Punto".
