La Fiscalía de Bolivia presentó el lunes una imputación formal y reactivó una orden de detención contra el expresidente Evo Morales en un caso por presunto abuso a una menor de edad de 15 años cuando era mandatario en 2016, informó la fiscal que lleva el caso.
El exmandatario es investigado desde septiembre por el delito de trata agravada de personas, pero no se ha presentado hasta ahora a declarar ante la fiscalía. Tampoco se pudo lograr su detención entonces, dado que el exmandatario se refugió en su feudo cocalero de Chapare, al centro de Bolivia, y recibió la protección de sus bases con protestas y bloqueos.
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La decisión de la fiscalía del lunes responde a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo en rueda de prensa la fiscal Sandra Gutiérrez que lleva la investigación citando informes de la policía y la fiscalía.
Ahora un juez “debe señalar día para una audiencia de medidas cautelares” para que, en su caso, apruebe la orden de detención contra Morales, explicó la funcionaria. También fue expedida una ”alerta migratoria” para evitar que abandone el país.
El mismo lunes, la policía inició su regreso a la zona de Chapare desde las protestas del mes pasado que lideró el exmandatario. El cuerpo uniformado se vio forzado a salir de esa región tras denuncias de agresiones y de amedrentamiento por parte de sus seguidores.
Desde que la fiscalía abrió la investigación, Morales se atrincheró en el Chapare y vive en la sede de los sindicatos cocaleros protegido hasta por tres cordones de seguridad.
Morales acusó antes a su exaliado y sucesor, el presidente Luis Arce, de confabular con algunos jueces para perseguirlo y proscribirlo políticamente, de cara a las elecciones de 2025. “Es un plan negro para eliminarme política y físicamente para sacarme de la carrera electoral”, dijo antes.
El exmandatario no se pronunció inmediatamente sobre la orden de detención ni sobre la imputación formal por el caso de presunto abuso a una menor de edad que resultó embarazada.
Su abogado Nelson Cox calificó la imputación como un “exabrupto” motivado por “presiones políticas”, ya que su cliente no fue notificado de manera formal con la imputación. “Nos hemos enterado por la prensa y esto es una acción ilegal. No se respeta el debido proceso”, declaró a la televisora Unitel.
También tiene orden de aprehensión la madre de la víctima. El padre de ella es el único detenido.
“Acá no hay nada político. El señor Morales embarazó a una menor de 15 años en 2016, quien dio a luz una niña”, dijo la fiscal el lunes. El agravante, según la funcionaria, es que “Morales era presidente del país en ese momento".
La investigación se lleva a cabo en la sureña región de Tarija, donde vive la víctima con sus padres y adonde debió acudir Morales a declarar en el mes de octubre. El exmandatario evitó ah persu detención entonces con un recurso legal e inició una ofensiva en contra del gobierno de Arce con protestas y bloqueos de carretera.
El caso contra el político de 65 años se conoce horas después de que la policía anunciara su regreso al Chapare, el bastión de Morales.
Los trabajadores de bancos y de oficinas públicas, que también se marcharon de esa región tras recibir amenazas, regresarán paulatinamente en los siguientes días, dijo más temprano el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.
Según informes de la policía, el Chapare es una de las regiones más inseguras del país donde operan mafias vinculadas al tráfico de cocaína. Para el Ministerio de Gobierno es la principal región productora de la droga.
Ante la ausencia de la policía en el Chapare, incrementó la inseguridad en esa zona, según informes policiales.
Durante los bloqueos de carreteras que duraron 24 días, varios policías resultados heridos con dinamita y más de un centenar de seguidores de Morales fueron detenidos y procesados por terrorismo. El gobierno acusó a Morales de haber provocado pérdidas por más $1,000 millones de dólares a la alicaída economía boliviana.
