SANTA CLARA, El Salvador - Han tenido que pasar 37 años para que la familia Bonilla Realegeño pudiera enterrar a los suyos, más de tres décadas de ausencia desde que seis de sus seres queridos fueran ejecutados por el Ejército de El Salvador durante la masacre de El Calabozo. Hoy, por fin, pudieron darles sepultura.
Para María Berta Bonilla Realegeño, de 63 años, este acto es triste pero se combina con una extraña alegría.
"Yo y toda mi familia se siente feliz porque le estamos dando sepultura a nuestros padres y hermanos (...). Son momentos duros pero aquí estamos", expresó a Efe María Berta, quien recordó que el año en el que fue cometida la masacre ella apenas tenía 26 años.
La sobreviviente, cuyo padre, madre, dos hermanos y una cuñada fueron asesinados por el Ejército en 1982, recordó que su padre era un "trabajador de la tierra", su madre realizaba oficios domésticos y sus hermanos "ayudaban en la casa".
"Fue triste todo lo que pasó (...) muchas criaturas (menores de edad) murieron y lastimosamente a ellos no los podemos enterrar porque el río se llevó sus cuerpos", relató.
María Berta insiste en que "muchos" cuerpos fueron arrastrados por la corriente del río Amatitán, cercano a donde tuvo lugar la matanza perpetrada en plena guerra civil salvadoreña (1980-1992), la cual dejó 75,000 fallecidos y 8,000 desaparecidos.
Tras 37 años de la horrible masacre, aún recordada con dolor y angustia, la mujer pide justicia y reparación para ella, para el resto de su familia y para todos aquellos que sufrieron los embates del sangriento conflicto armado.
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"Nosotros esperamos reparación y justicia, y que se diga la verdad (...). Hicieron esa gran masacre y la reparación aún no llega, necesitamos que nos ayuden porque nosotros quedamos desamparados", añadió.
Los restos, cuyas identidades fueron confirmadas por los forenses tras estudios genéticos y antropológicos, fueron entregados el jueves a la familia en pequeños ataúdes blancos y fueron velados y enterrados tras un acto litúrgico en el que participaron miembros de la comunidad y sobrevivientes de El Calabozo, quienes también claman por justicia.
Irene Gómez, de la organización humanitaria Cristosal, una ONG que acompaña a las víctimas de la guerra, señaló a Efe que la entrega de los restos a la familia Bonilla Realegeño representa una "reparación emocional para los sobrevivientes, porque poder darles la bendición y al final poder enterrarlos les ayuda a sanar un poco las heridas del corazón".
"Esto, obviamente, no es suficiente, pero ayuda a estas personas a tener esperanzas de que algún día llegará la reparación y la justicia plena", agregó.
Los cuerpos de los seis miembros de la familia Bonilla Realejeño fueron localizados por un pariente apenas 15 días después de la masacre, y éste los enterró en la cladestinidad en medio de las tensiones de la guerra, de donde fueron exhumados el noviembre pasado.
"Es una de las pocas fosas que se estarían preservando de esta masacre, porque el operativo fue de tal dimensión y crueldad contra la población civil y se mantuvo a las tropas con una presencia prolongada para impedir que familiares retornaran para enterrar a las víctimas", aseguró recientemente el abogado y ex procurador de derechos humanos, David Morales.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un "vasto operativo militar antiguerrillero" con unos 6.000 hombres que terminó con la masacre de 200 civiles en el lugar.
El documento señala que la masacre de El Calabozo fue una grave violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
