BOGOTÁ — El gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, sortea un escándalo de corrupción en millonarios contratos que es investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia y en el que presuntamente participaron exfuncionarios, congresistas y un ministro.
La investigación, que el jueves tuvo una audiencia de imputación de cargos, apunta a contratos con sobrecostes en la compra de carrotanques por casi $12 millones que habrían sido concertados entre funcionarios públicos y empresas privadas para, de allí, obtener coimas.
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Con estas, la indagación apunta que se habrían pagado sobornos a congresistas que tenían en sus manos la reformas sociales del gobierno.
Ante el Congreso en pleno, Petro pidió perdón el 20 de julio, durante la instalación de un nuevo periodo legislativo, por el caso de presunta corrupción en la estatal Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que se encarga de atender las emergencias y dar respuesta a las comunidades afectadas.
El escándalo de corrupción inició en febrero cuando la prensa empezó a indagar supuestas irregularidades y sobrecostos en la adquisición de carrotanques por cerca de $12 millones para llevar agua potable a La Guajira, un departamento con zonas desérticas y entre los más empobrecidos del país.
Para ese entonces, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) era dirigida por Olmedo López, quien primero negó las irregularidades y luego empezó a colaborar con la fiscalía en busca de beneficios jurídicos a cambio de testimonios y pruebas.
López habría actuado junto a Sneyder Pinilla, jefe de la subdirección de manejo de desastres y quien también está colaborando con la fiscalía.
El escándalo fue creciendo y, según la fiscalía, implicaría a más personas como congresistas y funcionarios del gobierno hasta llegar al ministro de Hacienda.
También habría abarcado más contratos de carrotanques y plantas desalinizadoras por cerca de cinco millones de dólares en otras regiones con sequía como Córdoba y Sucre, al norte del país, y en Buenaventura, al oeste.
La Fiscalía señaló a los dos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a un empresario de hacer acuerdos para “generar una empresa criminal para cometer delitos contra la Administración pública”.
LA INVESTIGACIÓN QUE SALPICA AL GOBIERNO DE PETRO
Según la investigación, detallada en la audiencia de imputación de cargos del jueves, los dos servidores públicos acordaron entre julio y octubre de 2023 con Luis Eduardo López —dueño de varias empresas— el valor de coimas a pagar y la forma de simular la selección aleatoria de los proveedores.
Con el dinero de esas sobornos, añadió la fiscalía, Olmedo y López habrían entregado $744,000 dólares al entonces presidente del Senado, Iván Name, y otros $248,000 dólares al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Name y Calle han negado cualquier vinculación con el caso e asegurado que lo demostrarán ante la justicia.
La fiscalía apuntó que el pago del dinero para los senadores habría sido una instrucción de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
“Mi inocencia es irrefutable”, respondió González. Sin embargo, el viernes, Petro aceptó la renuncia de González a la Dirección Nacional de Inteligencia, que lideraba desde febrero. “Su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial”, explicó el mandatario.
Además, la fiscalía indicó que López coordinó con el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos de la unidad de desastres en los cuales “estaban interesados indebidamente” los senadores de la comisión tercera de hacienda y crédito. El ministro aseguró que no cometió ningún acto indebido.
Name, Calle y siete de los senadores de dicha comisión están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia por el caso de la UNGRD.
La lucha contra la corrupción fue un mensaje central en la campaña que llevó en el 2022 a la presidencia a Gustavo Petro como el primer mandatario de izquierda en el país.
Con el escándalo de la UNGRD, Petro lamentó que la corrupción permeara en su gobierno y pidió perdón por haber nombrado en el 2023 a Olmedo López, militante de izquierda, en la dirección de la entidad.
“Olmedo viene de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico... Hay una responsabilidad política y tengo que asumirla”, dijo Petro ante el Congreso.
Luego de la audiencia en la que la fiscalía reveló parte de su investigación, Petro aseguró que no defendería a nadie presuntamente implicado en el caso de corrupción aunque planteó que “por defender el botín, se acusarán inocentes”. "La justicia resolverá”, concluyó.
El mandatario también ha dicho que la corrupción en la UNGRD es estructural y pidió a la fiscalía investigar posibles irregularidades en gobiernos anteriores.
