CIUDAD DE MÉXICO - La iniciativa de reforma constitucional al sector de energía que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso desató una de las mayores polémicas de su administración.
El pasado 1 de septiembre, durante su tercer informe de Gobierno, anticipó que preparaba una reforma para revertir las "privatizaciones" en el sector eléctrico y, según ha dicho, evitar una crisis o escasez como la que viven países como España.
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Sin embargo, empresarios y analistas advierten que, de ser aprobada, esa reforma retrasaría a México unos 40 años al darle prioridad a la empresa estatal en la generación de energía, además de que contravendría lo firmado en acuerdos internacionales, como el T-MEC.
VOTACIÓN BAJO AMENAZAS
Si bien la reforma debe ser votada por el Congreso, y la coalición oficialista, liderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes, López Obrador envía mensajes a la oposición que muchos perciben como amenazas veladas.
Desde Puebla, este lunes, advirtió a los legisladores que, si votan en contra de su iniciativa en materia eléctrica, serán exhibidos, porque él no será tapadera de quienes rechacen un cambio legal que tiene como propósito beneficiar a los mexicanos.
“No va a haber anonimato, debemos dar la cara todos porque se trata de los intereses del pueblo, que no piensen que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, no somos tapaderas”, anticipó.
LO QUÉ DICE LA REFORMA VS EL ANÁLISIS
A cuatro días de que se dio a conocer la iniciativa de reforma, que apunta a una nacionalización del sector energético aunque no lo llamen así, esto es lo que se sabe en el país.
- López Obrador argumenta que la iniciativa busca dar prioridad a las energéticas públicas de CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos), empresas que están entrampadas en tribunales por un alud de amparos de compañías privadas.
- Para ello propone cambios a la Constitución que regresaría a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la comercialización de energía eléctrica y acota la participación del sector privado en la etapa de generación.
- Obliga a que CFE produzca el 54% de la energía generada en México para garantizar el abastecimiento y control del insumo necesario para toda actividad social y económica.
- Desaparece las subsidiarias y filiales de la CFE, para que solo quede ella como un solo organismo de Estado con personalidad jurídica propia.
- La CFE regresaría nuevamente a ser la única comercializadora de electricidad del país y la única administradora del sistema eléctrico nacional.
- Propone colaboración entre la CFE y el sector privado, pero solo con aquellos que desean una relación "honesta, de buena fe y al servicio" de México y solo podrían participar con 46% de la generación.
- En los hechos, significa que el sector privado solo podrá vender energía a CFE a través de nuevos contratos y que ya no habrá productores independientes de energía.
- Desaparecerían las sociedades de autoabasto, en las que empresas se asociaban para construir centrales eléctricas, como permitía la legislación aún vigente.
- Desaparece dos organismos creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar, según la propuesta de López Obrador, "inequitativamente" a los productores privados: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- La regulación regresará a manos de la Secretaría de Energía y perdería su carácter autónomo; ya no habrá candados legales para aislarla de ciclos políticos.
- Cancela los permisos otorgados a empresas privadas
- Elimina los Certificados de Energía Limpia (CEL)
- Incorpora el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), responsable del abasto y tarifas del sector eléctrico nacional, al control de la CFE.
- Establece que el litio y demás minerales estratégicos necesarios no serán concesionados para que el Estado mexicano lleve a cabo su exploración y producción: "las concesiones otorgadas para la extracción de otros minerales permanecerán".
"La iniciativa parte de que la política anterior, sobre todo la reforma energética de 2013, buscaba fortalecer a las empresas privadas, especialmente a las empresas extranjeras, quienes se apoderaron del mercado eléctrico mientras aún reciben subsidios y venden electricidad a la CFE a precios elevados", concluyó la firma estatal.
INICIATIVA DESCONOCE COMPROMISOS DE MÉXICO
De aprobarse la reforma propuesta por López Obrador, México estaría violando los tratados internacionales que tiene firmados y ello provocaría litigios en tribunales.
Cuando se firmó el T-MEC, Estados Unidos y Canadá establecieron candados para que México no hiciera una contrarreforma energética (justo como ocurre ahora) e incorporaron un artículo que hace referencia al Tratado Integral y Progresista Transpacífico (TIPAT).
Eso significa que, aún cuando EEUU no es parte del TIPAT, sí obtiene beneficios plenos del blindaje explícito que ese acuerdo ofrece para que no disminuya la apertura del sector energético mexicano.
En caso de cambios, México tendría que enfrentar represalias y pagar daños los daños que ocasionara, además de que Estados Unidos y Canadá podrían apuntar contra el T-MEC.
