PHOENIX- Los votantes de Arizona decidirán el martes si permiten que la policía local arreste a inmigrantes sospechosos de haber entrado de forma ilegal al estado desde México.
Si los votantes aprueban la Propuesta 314, el estado se convertiría en el último en poner a prueba los límites de lo que las autoridades locales pueden hacer para frenar la inmigración ilegal. En el último año, legisladores republicanos en Texas, Iowa y Oklahoma han aprobado leyes de inmigración. En todos los casos, los tribunales federales han suspendido los esfuerzos de los estados para cumplirlas.
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Arizona, el único estado indeciso en la batalla presidencial en la frontera con México, no es ajeno a la amarga división sobre política migratoria. Desde principios de los años 2000, la frustración por la aplicación federal de la ley en la frontera ha inspirado un movimiento para involucrar a los departamentos de policía locales en la aplicación de la ley de inmigración, que tradicionalmente recaía en el gobierno federal.
La legislatura estatal aprobó una prohibición de contrabando de personas en 2005 que permitió al entonces jefe de la policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, realizar redadas de inmigración; impedir en 2007 que las empresas contratasen a sabiendas a personas que no tenían la documentación apropiada, y una ley de inmigración emblemática de 2010 que requería que la policía, al velar por el aplicación de otras leyes, preguntase por el estatus legal de personas sospechosas de estar en el país sin autorización.
Los legisladores republicanos dicen que la propuesta es necesaria para ayudar a asegurar la frontera, ya que culpan al gobierno de Biden de un aumento sin precedentes de la inmigración ilegal. Los niveles récord de cruces ilegales han disminuido en los últimos meses tras las medidas adoptadas por la Casa Blanca para endurecer las restricciones de asilo.
Los contrarios a la Propuesta 314 alegan que afectaría a la economía y la reputación de Arizona, además de llevar a la elaboración de perfiles raciales de los latinos. Ese fue un problema que ya tuvo la población latina cuando Arpaio dirigía a la policía de Maricopa.
En 2013, un juez federal dictaminó que los latinos habían sido objeto de discriminación racial en las patrullas de tráfico de Arpaio que tenían como objetivo a los migrantes, lo que derivó en una revisión de la agencia, ordenada por el tribunal, que se espera que cueste a los contribuyentes 314 millones de dólares en costos legales y de cumplimiento para mediados del verano de 2025.
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La Propuesta 314 convertiría en un delito estatal que las personas entren ilegalmente en Arizona desde México más allá de los puertos de entrada oficiales, permitiendo que los agentes de la policía local y estatal los arresten y que jueces estatales puedan ordenar su deportación. Aquellos que hagan cumplir la ley estarían amparados contra demandas civiles.
Pero estas disposiciones no se aplicarían de inmediato. Un infractor no podría ser procesado hasta que una ley similar en Texas u otro estado haya estado en vigor durante 60 días consecutivos.
