PHOENIX – Uno de los dos funcionarios republicanos del sur de Arizona acusados en un caso de interferencia electoral llegó a un acuerdo de culpabilidad, anunciaron las autoridades el lunes.
La supervisora del condado de Cochise, Peggy Judd, se declaró culpable de incumplimiento o negativa a cumplir con su deber por parte de un funcionario electoral, un delito menor de clase 3, según la Oficina del fiscal general de Arizona.
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Según el acuerdo, será sentenciada a al menos 90 días de libertad condicional y multada con hasta $500.
“El acuerdo de culpabilidad y la sentencia de hoy deberían servir como un fuerte recordatorio de que no dudaré en utilizar todas las herramientas disponibles para defender el estado de derecho y proteger la integridad de las elecciones de Arizona”, dijo la fiscal general Kris Mayes en un comunicado.
Judd y su colega supervisor republicano Tom Crosby fueron acusados en noviembre de 2023 por no certificar los resultados de las elecciones de mitad de período de 2022 del condado Cochise antes de la fecha límite impuesta por el estado.
Cada uno de ellos fue acusado de un cargo de conspiración e interferencia con un funcionario electoral. El caso de Crosby sigue en curso y está previsto que vaya a juicio en enero.
La supervisora Ann English, la única demócrata en la junta de tres miembros, no fue acusada en el caso de interferencia electoral. Ella votó para certificar los resultados a tiempo.
Sus homólogos republicanos, mientras tanto, se mantuvieron firmes más allá de la fecha límite y solo aceptaron certificar los resultados después de que un juez de la Corte Superior les ordenó hacerlo.
