ARIZONA- Aunque la promesa del presidente electo Trump sobre realizar deportaciones masivas se mantiene vigente, no se ha precisado cómo se efectuaría. Ante este panorama, alguaciles en Arizona han expresado su opinión al respecto.
Varias autoridades y agencias de la ley aseguraron a Telemundo Arizona que se opondrán a participar, incluso oficinas como la del fiscal del condado Pima apelarán cualquier ley relacionada.
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“Si hay algo que va a ser una violación de la constitución vamos a pelear y discutir en la corte”, aseguró Laura Conover, fiscal del Condado Pima.
Impugnar y luchar es la postura de la fiscal del condado Pima en el sur de Arizona, ante las promesas de deportaciones hechas por el presidente elector Donald Trump.
Al respecto, Chris Nanos, alguacil de este condado fronterizo, en el que el casi 50 % de su población es hispana, coincide con lo expresado por la fiscal Conover.
El alguacil Nanos reiteró que su oficina no participará o invertirá recursos en redadas o deportaciones.
Para el reciente alguacil electo del condado Maricopa, Jerry Sheridan el enfoque será en las personas que haya cometido algún crimen sin importa su estatus migratorio.
Sobre qué podía esperar la comunidad de migrantes indocumentados en su condado Sheridan dijo: …
“Bueno, no tienen nada de qué preocuparse por parte de la oficina del sheriff del condado de Maricopa a menos que cometan un delito estatal”.
Aseguró que no tienen de qué preocuparse al menos que cometan un delito estatal, sobre la recién propuesta 314, la cual fue aprobada en las elecciones de noviembre y que faculta autoridades locales para hacer labores migratorias, reiteró que no aplicará en su condado ya que tiene un enfoque en zonas fronterizas.
Cerca de la frontera con México, David Hathaway , alguacil del condado Santa Cruz se ha mostrado en contra de la medida en más de una ocasión.
“Es anticonstitucional para la policía local, para los sheriff actuar como agentes de la patrulla fronteriza”.
Hasta el momento no se ha precisado cómo se implementarían las deportaciones masivas y no existe una ley que faculte a las autoridades locales deportar o arrestar a una persona por su estatus migratorio.
