ARIZONA- Tres años de investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos bastaron para concluir que el Departamento de Policía de Phoenix sigue un patrón que violenta los derechos civiles de hispanos, la raza negra e indígena y hace uso de fuerza excesiva.
El documento de 126 páginas que se dio a conocer el pasado 13 de junio desglosas casos en lo que oficiales se vieron involucrados entre 2016 y 2022.
El reporte detalla que los oficiales.
· Utilizan excesivamente, y de manera injustificada el uso de la fuerza
· Detienen y arrestan ilegalmente a personas sin hogar
· Discrimina a hispanos, negros, y personas indígenas en operativos y también a personas con problemas de salud y en condiciones especiales
Algunos datos que resaltan del reporte son, por ejemplo:
Lo que debes saber
- La investigación examinó los siguientes rubros del Departamento de Policía: uso de la fuerza y uso de fuerza letal, y posible discriminación en ambos aspectos.
- Posibles represalias contra quienes se manifiestan contra el uso de la fuerza policial y el trato injusto a las personas negras, nativas e hispanas.
- Trato hacia las personas sin hogar y sus posesiones, así como a las personas con discapacidad.
Tiroteos, bajo lupa
El Departamento de Policía de Phoenix tiene una de las tasas más altas de tiroteos mortales en el país. Por ejemplo, en 2018 oficiales dispararon mortalmente más de 20 veces. Además, los incidentes relacionan a sospechosos que no deberían representar una amenaza inmediata.
Una de esas víctimas fue James García, de 28 años, el reporte explica que fue abatido en el 2020 luego de que autoridades escalaran un enfrentamiento que podía haberse evitado.
“Él tenía derechos, pero la policía se creyeron jueces y que podían hacer lo que querían y lo mataron” dijo Denice García, madre de la víctima. Conoce más de la historia de James Garcia en el siguiente video:
¿Qué responde la autoridad?
En la segunda parte de este reportaje Mike Sullivan, jefe de la policía asegura que el informe del Departamento de Justicia abarca un período en donde él aún no estaba en funciones. Sin embargo, enfatiza desde su contratación, numerosas mejoras se han implementado. Mira aquí la entrevista.
CONCLUSIONES
El Departamento de Justicia tiene motivos razonables para creer que la ciudad de Phoenix y el Departamento de Policía de Phoenix participan en un patrón o práctica de conducta que priva a las personas de sus derechos según la Constitución y la ley federal.
(1) El uso de fuerza excesiva;
(2) Violar los derechos de las personas sin hogar
(3) Utilizar estrategias de aplicación de la ley que resultan en disparidades injustificadas en cómo la policía trata a los hispanos, negros y nativos americanos
(4) Tomar represalias contra personas que participan en expresiones protegidas por la Constitución
(5) Violar los derechos de las personas con discapacidades.
También identificamos preocupaciones con respecto a la falta del Departamento de Policia de Phoenix en utilizar prácticas apropiadas en encuentros con niños.
Las prácticas ilegales de Phoenix y PhxPD han violado la confianza pública y han perjudicado la eficacia de la actuación policial en Phoenix.
El reporte se divide en siete apartados entre los que destacan las violaciones a cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege dos derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria.
Además, de las causas que contribuyen a dichas violaciones, las medidas que se recomiendan para encontrar una solución y las conclusiones. A continuación, puedes consultar el documento completo.
El informe también encontró "serias preocupaciones" sobre el trato que el departamento da a los niños y el "impacto duradero que los encuentros policiales agresivos tienen en su bienestar".
Entre las 36 reformas recomendadas, el Departamento de Justicia recomendó que el Departamento de Policía de Phoenix mejore sus políticas y capacitación sobre el uso de la fuerza, mejore sus mecanismos de rendición de cuentas, mejore la recopilación de datos sobre el uso de la fuerza y desarrolle políticas de fuerza que sean apropiadas para niños y personas con discapacidades.
