La ola de menores no acompañados que cruzan la frontera desde México hizo que el Gobierno de Estados Unidos se encargara de la construcción y administración de albergues para menores a empresas privadas que según algunos no están preparadas para alojar a niños.
Algunas de estas empresas han respondido a desastres naturales y más recientemente instalaron centros para cuarentenas con motivo de la pandemia del coronavirus. Otras trabajaron con funcionarios de la frontera en los últimos años, instalando carpas para migrantes.
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Los nuevos albergues son necesarios porque el gobierno tiene más de 22,000 menores bajo su custodia y no cuenta con suficiente personal para disponer su entrega a familiares.
En su apuro por contar con nuevas instalaciones, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) entregó los contratos más grandes por $2,000 millones a dos firmas y una organización sin fines de lucro, sin hacer licitaciones, y decidió eximir a las empresas de requisitos que deben satisfacer las instalaciones para menores, de acuerdo con archivos del DSSH y de gastos federales.
Dos de las instalaciones más grandes habían estado cerradas por semanas. El DSSH no explicó por qué fueron cerradas repentinamente, aunque dijo en un comunicado que eran para uso temporal y que los menores alojados allí habían sido enviados a otros sitios temporales o entregados a familiares.
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Los menores dijeron a abogados que los visitaron en algunos sitios que no habían hablado con las personas que manejan sus casos, quienes deben facilitar su entrega a familiares. El DSSH ha negado a la prensa acceso a los albergues, aduciendo el peligro de contagios del coronavirus y asuntos relacionados con la protección de la privacidad.
El DSSH dijo en un comunicado que los centros para migrantes menores de edad “satisfacen todos los requisitos/stándards de respuestas de emergencia u otras situaciones humanas”. Señaló que, además de la construcción de nuevos albergues, se estaban tomando “fuertes medidas” para acelerar la liberación de menores, incluido su envío por avión a los sitios donde tienen familiares.
ALBERGUES, BAJO LUPA
Sarah DeYoung, profesora de la Universidad de Delaware que estudia la evacuación de los albergues, dijo que estos centros tienen un aspecto institucional que no es el ideal para los menores.
“El que hayan sido seleccionados en el pasado no quiere decir que hagan bien las cosas en lo que respecta al bienestar de los chicos”, manifestó DeYoung. “Es importante que sean evaluados por gente de afuera, incluidos expertos en salud pública y gente con experiencia pediátrica”.
Lo que debes saber
- Desde febrero, el Gobierno firmó contratos por 3 mil millones de dólares para el alojamiento de menores no acompañados.
- Más de $2,000 millones corresponden a contratos firmados con tres empresas, sin licitación previa: Deployed Resources LLC, de Rome, Nueva York; Family Endeavors Inc., de San Antonio, y Rapid Deployment Inc., de Mobile, Alabama.
- Deployed Resources se hará cargo de un albergue de emergencia para menores con mil 500 camas en Donna, Texas, y cobrará 719 millones de dólares.
Deployed Resources instaló carpas para migrantes que debían esperar en México el procesamiento de sus solicitudes de asilo por parte del servicio de inmigración bajo el Gobierno de Donald Trump. También construyó centro de detención con carpas en la frontera y alojamientos temporales para personas desplazadas por huracanes, así como campamentos para las fuerzas armadas.
La organización sin fines de lucro Family Endeavors Inc., que ofrece ayuda para emergencias, podría recibir hasta 580 millones de dólares por el manejo de instalaciones de emergencia en Pecos, Texas. En el pasado cobró 87 millones de dólares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para ofrecer habitaciones de hotel y otros servicios a familias de migrantes que no pueden ser expulsadas por estar cobijadas por normas de salud pública.
Los potenciales ingresos por este último contrato son 13 veces los ingresos totales de la empresa en el 2018, según la última declaración de impuestos disponible.
CONTRATOS A DETALLE
Rapid Deployment Inc., por su parte, recibió dos grandes contratos por $614 millones en total para manejar una instalación en Fort Bliss, Texas, que ha surgido como la más grande de ese tipo y que podría expandirse hasta contar con 10,000 camas, según documentos oficiales.
El gobierno fue criticado por su manejo de grandes contratos relacionados con el alojamiento de migrantes durante el Gobierno de Trump. La propia Oficina del Inspector General del DHHS dijo que esa dependencia manejó mal un contrato con una firma para manejar una gran instalación para menores en Homestead, Florida, en el 2019.
El DHHS pagó $67 millones a Comprehensive Health Services por los tres meses que manejó su instalación, donde no había menores, según el informe, el cual destacó que el gobierno podía haber rebajado los costos de haber hecho una licitación.
