Lo que debes saber
- La investigación examinó los siguientes rubros del Departamento de Policía: uso de la fuerza y uso de fuerza letal, y posible discriminación en ambos aspectos.
- Posibles represalias contra quienes se manifiestan contra el uso de la fuerza policial y el trato injusto a las personas negras, nativas e hispanas.
- Trato hacia las personas sin hogar y sus posesiones, así como a las personas con discapacidad.
PHOENIX- El Departamento de Policía de Phoenix ha seguido sistemáticamente “un patrón” de uso de fuerza ilegal, ha atacado desproporcionadamente a personas negras y ha violado sistemáticamente los derechos de manifestantes, personas con problemas de salud conductual y personas sin hogar, según las conclusiones de la investigación del Departamento de Justicia que se dieron a conocer este jueves.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.
El comportamiento demostró violaciones de las Enmiendas Primera, Cuarta y Decimocuarta, según la fiscal general Adjunta, Kristen Clarke, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia al dar a conocer un informe de 126 páginas después de una investigación de casi tres años.
Clarke dijo que es la primera vez que la agencia encuentra una violación de los derechos civiles y constitucionales de las personas sin hogar. Aproximadamente el 37% de los delitos menores del departamento fueron contra personas sin vivienda, añadió.
Clarke calificó los hallazgos de "ilegales" e "históricos" y dijo que transmiten "una falta de respeto por la humanidad" de las personas sin hogar.
El documento de 126 páginas detalla problemas sistémicos dentro del Departamento de Policía de Phoenix que privan a las personas de sus derechos según la Constitución y la ley federal.
"Encontramos fallas generalizadas en las políticas, la capacitación, la supervisión y los sistemas de rendición de cuentas del Departamento de Policía de Phoenix que han disfrazado y perpetuado estas violaciones durante años", detalla el documento.
CONCLUSIONES
El Departamento de Justicia tiene motivos razonables para creer que la ciudad de Phoenix y el Departamento de Policía de Phoenix participan en un patrón o práctica de conducta que priva a las personas de sus derechos según la Constitución y la ley federal.
(1) El uso de fuerza excesiva;
(2) Violar los derechos de las personas sin hogar
(3) Utilizar estrategias de aplicación de la ley que resultan en disparidades injustificadas en cómo la policía trata a los hispanos, negros y nativos americanos
(4) Tomar represalias contra personas que participan en expresiones protegidas por la Constitución
(5) Violar los derechos de las personas con discapacidades.
También identificamos preocupaciones con respecto a la falta del Departamento de Policia de Phoenix en utilizar prácticas apropiadas en encuentros con niños.
Las prácticas ilegales de Phoenix y PhxPD han violado la confianza pública y han perjudicado la eficacia de la actuación policial en Phoenix.
El reporte se divide en siete apartados entre los que destacan las violaciones a cuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual protege dos derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho a no sufrir una invasión arbitraria.
Además, de las causas que contribuyen a dichas violaciones, las medidas que se recomiendan para encontrar una solución y las conclusiones. A continuación, puedes consultar el documento completo.
El informe también encontró "serias preocupaciones" sobre el trato que el departamento da a los niños y el "impacto duradero que los encuentros policiales agresivos tienen en su bienestar".
Señaló que la policía de Phoenix entrena inapropiadamente a sus agentes para que crean que "toda fuerza, incluso la fuerza letal, es reducir la tensión".
Entre las 36 reformas recomendadas, el Departamento de Justicia recomendó que el Departamento de Policía de Phoenix mejore sus políticas y capacitación sobre el uso de la fuerza, mejore sus mecanismos de rendición de cuentas, mejore la recopilación de datos sobre el uso de la fuerza y desarrolle políticas de fuerza que sean apropiadas para niños y personas con discapacidades.
