Una demanda iniciada por el gobierno mexicano contra cinco tiendas de venta de armas de Arizona por compras ilegales seguirá adelante, dictaminó una jueza federal el lunes.
En un documento de 32 páginas, la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Rosemary Márquez, explicó su decisión de desestimar algunos de las reclamaciones contra las cinco tiendas, pero dictaminó que los abogados del gobierno mexicano demostraron que las otras seis reclamaciones debían seguir adelante.
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Rosemary Márquez, jueza federal en Tucson rechazó los argumentos de que una ley estadounidense que proporciona a la industria de armas de fuego una amplia protección contra demandas por el mal uso de sus productos.
Los distribuidores Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague's Sports Inc argumentaron que la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) los protegía de la demanda que México presentó en 2022.
Márquez añadió que el gobierno de México hace afirmaciones plausibles que están exentas de la protección PLCAA, incluyendo que las cinco empresas violaron varias leyes estadounidenses relacionadas con armas de fuego, causando daño al gobierno mexicano.
La demanda fue la primera presentada por un país contra traficantes de armas estadounidenses y argumentó que las tiendas "saben o deberían saber que sus prácticas comerciales imprudentes e ilegales -incluidas las ventas, testaferros y las ventas masivas y repetidas de armas de estilo militar, suministradas a criminales peligrosos en México y Estados Unidos".
Los abogados de las empresas argumentaron que el gobierno de México carecía de legitimación activa para presentar la demanda y, además, dijeron que la demanda fue invalidada por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, una ley aprobada en 2005 que protege a los fabricantes de armas de fuego de demandas civiles si se cometen delitos. con sus productos.
Los abogados de México rechazaron este reclamo y dijeron que las tiendas tienen la "oportunidad y obligación" de detener la venta de armas de fuego que probablemente terminen en México, y vincularon las ventas ilegales, conocidas como compras testaferros, con la violencia en México.
Márquez dividió su decisión y falló en contra de las acusaciones de que las tiendas violaban la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona y la Ley federal de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantistas, conocida como RICO. También rechazó la afirmación de que las ventas contribuían a provocar molestias públicas.
Sin embargo, aseguró que el gobierno mexicano demostró adecuadamente su posición en el caso y, además, alegó adecuadamente que "las ventas repetidas de armas de estilo militar crean daños a México y sus ciudadanos" y son "bastante atribuibles a las acciones de las tiendas de armas".
La Cancillería mexicana emitió la siguiente declaración a través de un comunicado respecto a la decisión de la Corte de Distrito:
“Tras la decisión de hoy, la Corte de Distrito puede continuar estudiando la demanda de México. En las siguientes etapas, se presentará evidencia para demostrar la conducta negligente de las demandadas, buscando obtener una reparación del daño que será determinada por el juez”.
México demandó a las firmas de Arizona días después de que un juez federal de Boston desestimó otro recurso de 10 mil millones de dólares que presentó en 2021 para responsabilizar a varios fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de armas a través de la frontera común.
