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PHOENIX – Arizona se unió este martes a una demanda entablada por 23 estados para intentar impedir que la administración Trump cancele miles de millones de dólares en fondos de salud pública.
La demanda se presentó en el Distrito de Rhode Island después de que las autoridades sanitarias federales anunciaron recientemente que retirarán $11.4 mil millones en fondos asignados por el Congreso a los departamentos de salud pública estatales y locales durante la pandemia de COVID-19.
Los fiscales generales de 23 estados y el Distrito de Columbia, incluyendo a Kris Mayes de Arizona, argumentaron en la demanda que la medida es ilegal y que resultará en "graves daños a la salud pública".
"Al recortar estas subvenciones, la administración Trump ha lanzado un ataque frontal contra el sistema de salud pública de Arizona, perjudicando a todo el estado, pero afectando especialmente a las comunidades rurales", declaró Mayes en un comunicado. Estos recortes afectan precisamente a los lugares que más dependen de esta financiación crucial. Eliminarla devastaría nuestro sistema, ya de por sí precario, y costaría empleos en todo Arizona, desde médicos hasta trabajadores de la salud tribales.
Mayes afirmó que el estado podría perder más de 239 millones de dólares en fondos para la salud pública.
Según el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, los recortes incluyeron 190 millones de dólares en subvenciones destinadas a mejorar las capacidades estatales de detección, respuesta, prevención y control de enfermedades infecciosas.
En un comunicado la semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. afirmó que la financiación es un desperdicio de dinero de los contribuyentes para "una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años".
Mientras tanto, los empleados del departamento, dirigido por Robert F. Kennedy, comenzaron a recibir notificaciones de despido el martes, en una importante reforma que se espera que termine despidiendo a hasta 10,000 personas.
