Conoce aquí los detalles.
PHOENIX- La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, y el secretario de estado, Adrian Fontes, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta el jueves por la tarde y dieron detalles sobre una demanda contra la administración Trump por la reciente orden ejecutiva electoral. Según AP, forma parte de una iniciativa de funcionarios demócratas en 19 estados.
“Esta orden ejecutiva es una intrusión inaceptable e inconstitucional en los derechos de los estados y el poder del Congreso por parte de un poder ejecutivo descontrolado, empeñado en destruir 250 años de precedentes”, declaró Mayes. “Claramente, Trump solo apoya los derechos de los estados cuando le conviene”.
Según funcionarios del partido demócrata en Arizona, la demanda podría impugnar disposiciones clave de la orden, incluyendo aquellas que pretenden modificar las leyes de recuento de votos para excluir las papeletas de voto por correo recibidas después del día de las elecciones. Si bien la ley de Arizona exige que las papeletas se reciban antes de las 7 p.m. El día de las elecciones, afirman que la orden podría afectar la capacidad de corregir las papeletas electorales, tal como lo permite la ley de Arizona.
La demanda también afirma que amenazar con retener fondos por el supuesto incumplimiento de la orden de Trump viola la Constitución, ya que pretende controlar las facultades de los estados. Obligar a los estados a cambiar, según la demanda, violaría la amplia autoridad que la Constitución otorga a los estados para establecer sus propias reglas electorales. Afirma que son ellos quienes deciden los "momentos, lugares y forma" de cómo se llevan a cabo las elecciones.
"Si el presidente Trump quería promulgar leyes, debería haberse postulado para el Congreso, donde la Constitución de los Estados Unidos establece que se realiza el trabajo", dijo Fontes. "La Constitución también dice que las elecciones pertenecen a los estados. Si el presidente quiere reformar nuestras elecciones, debe proponer una legislación bipartidista realista en el Congreso en lugar de obligar a los estados a cumplir mandatos sin fondos mediante órdenes ejecutivas ilegales".
En los últimos días, el Comité Nacional Demócrata y un par de organizaciones sin fines de lucro presentaron dos demandas por separado, calificando de "inconstitucional" la reciente orden ejecutiva del presidente para reformar las elecciones del país. Ambas demandas presentadas ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia solicitan al tribunal que bloquee la orden de Trump y la declare ilegal.
Los demócratas argumentan que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a sus actas de nacimiento, aproximadamente la mitad no tiene pasaporte estadounidense y las mujeres casadas necesitarían múltiples documentos si hubieran cambiado de nombre. Esto representó una complicación para algunas mujeres durante las recientes elecciones municipales en New Hampshire, las primeras celebradas bajo una nueva ley estatal que exige prueba de ciudadanía para registrarse.
No todas las licencias de conducir que cumplen con la ley REAL ID acreditan la ciudadanía estadounidense.
