PHOENIX - La lucha para mantener una iniciativa fronteriza propuesta fuera de la boleta electoral del 5 de noviembre en Arizona aún no ha terminado.
Los defensores de los inmigrantes mantuvieron vivo el tema esta semana al presentar un aviso a la Corte Suprema del estado de que apelarán el fallo del juez.
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El 12 de julio, un juez del Tribunal Superior del condado de Maricopa rechazó un intento de mantener la iniciativa propuesta fuera de la boleta electoral. Los demandantes argumentan que la medida viola las reglas porque trata más de un tema.
El abogado Andy Gaona, que representa a algunos de los grupos, estaba trabajando el viernes en escritos legales sobre el caso que presentó más tarde ese mismo día. La legislatura tendrá hasta el 26 de julio para responder, dijo.
La presentación de Gaona argumenta que agrupar disposiciones no relacionadas en una medida socava el proceso legislativo porque sofoca el debate, obligando a un legislador a firmar una disposición con la que podría no estar de acuerdo porque apoya otra agrupada en la misma propuesta.
"Creemos que se violó la disposición de un solo tema. Esperamos que el tribunal esté de acuerdo", indicó Gaona.
Los partidarios de la iniciativa sostienen que se trata de un único tema: la frontera.
Local
A principios de junio, el Legislativo controlado por el Partido Republicano votó para permitir que la propuesta se incluyera en la boleta. La medida preguntaría a los votantes si se debería permitir que las fuerzas del orden locales arresten a los migrantes que cruzan ilegalmente desde México a Arizona entre los puertos de entrada. La medida también otorgaría a los jueces estatales el poder de ordenar a las personas condenadas por el delito que regresen a sus países de origen.
Es similar a una ley de Texas que un tribunal federal de apelaciones ha dejado en suspenso mientras es impugnada.
A diferencia de la ley de Texas, la propuesta de Arizona también convertiría en un delito grave punible con 10 años de prisión la venta de fentanilo que provoque la muerte de una persona. También se incluye el requisito de que algunas agencias gubernamentales utilicen una base de datos federal para verificar la elegibilidad de un no ciudadano para recibir beneficios.
La propuesta respaldada por los republicanos pasa por alto a la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien había vetado una medida similar a principios de marzo y denunció el esfuerzo por llevar el tema a los votantes.
Los partidarios del proyecto de ley dijeron que era necesario garantizar la seguridad a lo largo de la frontera sur del estado y que los votantes de Arizona deberían tener la oportunidad de decidir el tema por sí mismos. Los opositores dicen que la legislación conduciría a la discriminación racial y crearía varios millones de dólares en costos policiales adicionales que las ciudades, los condados y el estado de Arizona no pueden afrontar.
La medida se presentaría ante los votantes en un estado que se espera desempeñe un papel crucial en la determinación de qué partido controla la Casa Blanca y el Senado de Estados Unidos, probablemente en contiendas muy reñidas. Los republicanos esperan que centre la atención en la frontera, que afirman el presidente Joe Biden ha manejado mal, y diluya los beneficios políticos que los demócratas buscan de una iniciativa sobre el derecho al aborto.
El desorden en la frontera es uno de los principales motivadores para muchos votantes republicanos que el expresidente Donald Trump espera que voten en grandes cantidades.
Biden reveló a principios de junio planes para restringir el número de migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Esta no es la primera vez que los legisladores republicanos en Arizona intentan criminalizar la migración.
Al aprobar un proyecto de ley de inmigración muy debatido en 2010, la legislatura de Arizona consideró ampliar la ley de invasión del estado para criminalizar la presencia de inmigrantes e imponer sanciones penales. Pero el lenguaje sobre invasión fue eliminado y reemplazado por el requisito de que los agentes, mientras hacen cumplir otras leyes, cuestionen el estatus migratorio de las personas si se cree que se encuentran en el país ilegalmente.
El requisito del interrogatorio fue finalmente confirmado por la Corte Suprema de Estados Unidos a pesar de las preocupaciones de los críticos sobre el perfil racial. Pero los tribunales prohibieron la aplicación de otras secciones de la ley.
