WASHINGTON - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este viernes una ley presupuestaria de corto plazo para evitar una parálisis parcial de su gobierno por falta de fondos, que se iban a agotar la madrugada del sábado.
La Casa Blanca informó de la firma de una medida temporal que financia la administración estadounidense hasta el próximo martes, para ganar tiempo hasta que llegue a su mesa un gran paquete de presupuesto valorado en $1.5 billones.
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Esa ley de gasto, que financiará el gobierno hasta el 30 de septiembre, fue aprobada este miércoles por la Cámara Baja y el jueves por el Senado, pero lleva tiempo compaginar ambas versiones y hacerlas llegar a la Casa Blanca, lo que explica la necesidad de la medida temporal.
Se espera que Biden firme la semana que viene el gran paquete de gasto de $1.5 billones, que incluye $13,600 millones en ayuda humanitaria y militar para Ucrania y el este de Europa.
Casi la mitad de los fondos para Ucrania, $6,500 millones, irían al Departamento de Defensa para que pueda mantener sus operaciones militares en países de la OTAN del este de Europa, así como para que envíe material militar al país, de acuerdo con un borrador de la ley.
La partida para Ucrania también incluye unos $4,000 millones para ayudar a refugiados y desplazados internos, mientras que $1,800 millones tendrán como objetivo responder a las necesidades económicas de Ucrania y sus países vecinos, por ejemplo con temas energéticos o de ciberseguridad.
Además, $25 millones se destinarán a técnicas para combatir la desinformación y $120 millones irán a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid) para ayudar a activistas y medios independientes.
En total, el paquete presupuestario incluye $782,000 millones para gastos de defensa, lo que supone un incremento del 5.6% respecto al año anterior; y otros $730,000 millones para financiación de necesidades nacionales de Estados Unidos.
La medida también contiene fondos para que vuelva a entrar en vigor una ley contra la violencia machista que durante décadas sirvió para financiar programas de ayuda para las víctimas de maltrato y abuso sexual, además de darles una vía para buscar justicia en las cortes.
Esa ley, conocida por sus siglas en inglés, VAWA, data de 1994 y se avalaba periódicamente en el Congreso, hasta que los conservadores dejaron que expirara en 2019.
