WASHINGTON - Un juez federal dictaminó este sábado que el exasesor de seguridad nacional John Bolton puede avanzar en la publicación de su revelador libro a pesar de los esfuerzos del gobierno de Trump para bloquear su difusión debido a las preocupaciones de que información clasificada pueda estar expuesta.
La decisión del juez federal de distrito Royce Lamberth es una victoria para Bolton en un caso judicial que involucró preocupaciones fundamentales de la Primera Enmienda y la seguridad nacional.
El fallo significa una lectura más amplia durante el año electoral y la distribución de un libro de memorias que pinta un retrato poco halagador de la toma de decisiones de política exterior del presidente Donald Trump durante el turbulento año y medio que Bolton pasó en la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia había presentado este miércoles una solicitud de emergencia para una orden de restricción temporal y una moción para una orden judicial preliminar contra John Bolton para evitar la publicación de su libro.
La demanda "Estados Unidos de América contra John Bolton", presentada ante un tribunal federal en Washington D.C., busca evitar que el esperado libro del exasesor de Trump llegue a las librerías cuando está previsto, el próximo 23 de junio.
Publicar ese texto "que contiene información confidencial" supondría una "clara ruptura de los acuerdos que (Bolton) firmó como condición de su empleo (como asesor de Trump) y como condición para lograr acceso a información altamente confidencial", indica el Departamento de Justicia de EEUU en su demanda.
Según la editorial de Bolton, Simon & Schuster, el libro revelará que Trump cometió "violaciones parecidas a la de Ucrania" en otros aspectos de su política exterior, en referencia a las presiones del presidente a Kiev para que interfiriera en las elecciones de EEUU, el tema que motivó su frustrado juicio político.
"Este es el libro que Donald Trump no quiere que lean", proclamó la editorial en un comunicado la semana pasada.
El lunes, Trump advirtió que Bolton tendrá "un problema criminal muy grave" si sigue adelante con su plan de publicar el libro, titulado "La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca".
"Consideraré altamente confidencial cualquier conversación (que Bolton tuvo) conmigo como presidente", subrayó Trump.
El libro de Bolton ya está impreso y ha sido enviado a centros de distribución de todo el país, lo que puede complicar el intento del Gobierno de evitar que su contenido salga a la luz.
La demanda pide a la corte que ordene "retrasar la fecha de publicación" del libro hasta que Bolton permita que se "complete el proceso de revisión" de su texto por parte del Gobierno federal, un procedimiento que empezó en enero y que forzó al exasesor a posponer tres meses la divulgación de sus memorias.
DIFÍCIL DETENER LA PUBLICACIÓN
El abogado de Bolton, Charles Cooper, ha argumentado que el libro no contiene ningún material confidencial y que su cliente ha trabajado con el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante meses para permitirles revisar el contenido.
Según expertos, Trump lo tendrá complicado para detener la publicación del libro, porque aunque los presidentes tienen el poder de clasificar como secreta información de seguridad nacional, su argumento contra Bolton puede contradecir lo establecido en la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
"Es muy raro que los tribunales estadounidenses eviten la publicación (de libros), porque eso suprime el discurso antes de que ocurra", explicó el director ejecutivo del Instituto de la Primera Enmienda en la Universidad de Columbia, Jameel Jaffer, al diario The Washington Post.
Hay un precedente que juega a favor de Bolton: cuando el presidente Richard Nixon (1969-1974) intentó evitar que el Washington Post publicara en 1971 los papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, la Corte Suprema determinó que vetar información de ese tipo antes de su publicación era anticonstitucional.
Bolton, que fue el asesor de seguridad nacional de Trump desde marzo de 2018 y hasta su despido el pasado septiembre, se ofreció en enero a testificar en el juicio político contra el mandatario y afirmó que tenía información inédita y relevante, pero la mayoría republicana en el Senado vetó su comparecencia.
