El debate sobre armas de fuego en Estados Unidos muy pronto entrará un nuevo capítulo con un demócrata en la Casa Blanca luego de cuatro años bajo Donald Trump, en los que los activistas por el control de armas exigieron duras reformas tras las masacres en lugares como Las Vegas, El Paso y Parkland, Florida.
Pero cualquier esperanza de que Joe Biden vaya a lanzar una nueva era de restricciones podría quedar frustrada debido a la misma polarización en Washington que ha derrotado esfuerzos similares en gobiernos previos.
Los objetivos en la agenda — mayormente relegados en años recientes — incluyen renovar una prohibición de fusiles automáticos al estilo AR, los chequeos universales de antecedentes, las restricciones a los cargadores de gran capacidad y una ley federal creada para prevenir que personas a riesgo de causarse daños a sí mismas o a otros compren armas.
Pero virtualmente todos esos pasos requieren acción del Congreso. Y no importa el resultado de dos contiendas senatoriales en Georgia que determinaran cuál partido controlará esa cámara, será difícil conseguir que una mayoría de los legisladores respalden los cambios.
Una razón clave es que esos asuntos se han vuelto muy polarizados. Años atrás, las políticas sobre armas de fuego cruzaban las líneas partidistas y era más fácil para republicanos y demócratas encontrar posiciones comunes.
“Solía ser que había demócratas que eran muy pro armas y legisladores demócratas que ganaron distritos en parte por sus opiniones pro armas”, dijo Matt Grossman, un profesor asociado en la Universidad Estatal de Michigan y director de su Instituto de Políticas Públicas y Estudios Sociales. “Ya no tienes eso”.
La Casa Blanca
El número de armas de fuego se ha multiplicado en los últimos 12 años, comenzando durante la administración del presidente Barack Obama cuando los dueños de armas temían que éste impondría restricciones significativas.
Continuó creciendo durante el término de Trump. En los primeros años de esa presidencia, los estadounidenses acumularon armas de fuego temiendo nuevas medidas restrictivas tras las masacres.
Los agentes de presión política ganaron más impulso en el último año, con la intranquilidad civil, la crisis económica y la pandemia impulsando las compras.
Y con la pandemia dominando la conversación, el asunto de las armas quedó relegado en las elecciones del 2020.
Sin embargo, los grupos de control de armas siguen deseando que se les escuche. Para empezar, quieren verificaciones universales de antecedentes que requerirían un examen de virtualmente todas las ventas de armas y una prohibición a las ventas en la internet de armas, municiones y piezas.
Entre las propuestas legislativas, una que parece tener algún respaldo bipartidista es una ley federal que haría más fácil confiscarles temporalmente armas de fuego a personas consideradas un peligro para sí mismas o para otros. Actualmente, menos de una veintena de estados tienen leyes así.
Los grupos pro control están además resaltando más activamente los temores que tienen sobre la abundancia de armas de fuego en los hogares estadounidenses, afirmando que conducen a suicidios y asesinatos.
En una conferencia de prensa el jueves, la agrupación Everytown for Gun Safety mencionó estadísticas que muestran que las llamadas a las líneas directas de violencia doméstica y de suicidio han subido y la violencia con armas de fuego en las ciudades está aumentando.
Su lista de prioridades incluye restricciones al acceso a armas no rastreables y tomar medidas contra personas que consiguen comprar armas de fuego si la verificación de antecedentes por el FBI no está lista en los tres días requeridos.
“La necesidad de actuar es urgente”, dijo Michael-Sean Spence, director de iniciativas comunitarias de Everytown. “Era ya una crisis de salud pública antes del arribo del COVID y la pandemia lo ha hecho mucho peor”.
Hay otros pasos que Biden puede dar administrativamente.
Entre los asuntos claves que casi seguramente se abordarán está una regla adoptada en las últimas semanas de la administración Obama pero anulada pronto por Trump: requerir que la Administración del Seguro Social provea información al sistema de revisión de antecedentes en compras de armas sobre beneficiarios con problemas mentales tan graves que no pueden trabajar ni lidiar con sus propias prestaciones.
La regla afectaría a unas 75,000 personas.
La ley más deseada por los activistas pro control de armas ha sido una renovación de la prohibición de fusiles de asalto que expiró en el 2004.
Biden tuvo un papel central en el auspicio de esa prohibición y ha prometido que presionará por otra proscripción de las armas semiautomáticas que han aumentado en popularidad desde su regreso al mercado.
Mucho ha cambiado desde que la prohibición inicial fue aprobada — desde el panorama político hasta la saturación de esas armas en el mercado civil.
En los años antes y después de la prohibición, había un estimado de 8.5 millones de fusiles estilo AR en circulación en Estados Unidos.
Desde que la prohibición fue levantada, los fusiles — que la industria cataloga como “fusiles modernos de caza” — han ganado popularidad.
La National Shooting Sports Foundation estima ahora que hay más de 17 millones en circulación. Y hay casi seguramente más después de este año, que consistentemente destrozó récords mensuales de revisiones federales de antecedentes.
La NRA, que inyectó decenas de millones de dólares a la campaña electoral de Trump en el 2016, se ha visto debilitada por disputas internas además de litigios legales por sus finanzas. Aunque sigue siendo una fuerza política, no está clara la influencia que logrará en la administración Biden.
Alan Gottlieb, fundador de la Second Amendment Foundation, un grupo defensor del derecho a poseer armas, dijo que está observando las dos contiendas senatoriales en Georgia para determinar quién controla el Senado.
Pero suceda lo que suceda, tiene esperanzas de que los esfuerzos para restringir severamente las armas de fuego enfrentarán resistencia en las cortes luego de cuatro años de Trump nombrando jueces conservadores en el sistema de cortes federales, además de la Corte Suprema.
“Sabemos sus posiciones, sabemos lo que quieren hacer. Tienen una larga lista de cosas que quisieran lograr”, dijo Gottlieb. “Y veremos adónde vamos con eso”.
