HOUSTON – Un grupo de 14 estados del país instauraron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de que se les permita defender la modificación a la regla de carga pública, medida adoptada por la administración del expresidente Trump que negaba beneficios migratorios a quienes hubieran solicitado ayudas gubernamentales.
Recientemente la administración del presidente Biden desistió de la defensa de la medida ante la Corte Suprema (contrario a lo que venía haciendo el gobierno Trump) donde se analizaba el caso, luego de que una corte de rango menor en Illinois se opusiera a la medida.
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Tras esta decisión, la Corte Suprema desechó el análisis de la demanda.
Ahora, 14 estados con administraciones republicanas buscan ante la Corte Suprema que se reinstaure el análisis de la medida que finalmente fue removida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) a mediados de este mes.
De acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, “los contribuyentes están forzados a pagar cientos de millones cada año para sustentar los servicios que se proveen a inmigrantes ilegales”.
Aunque la regla de carga pública es una medida que tiene más de 100 años de existencia, hasta el 2019 no se había contemplado que el solo hecho de pedir una ayuda gubernamental fuera una razón automática de inadmisibilidad en materia migratoria.
La norma ha contemplado que se debe comprobar que el solicitante de beneficios efectivamente se convertirá en una carga económica para las finanzas del país al largo plazo.
Los estados demandantes son Texas, Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur y West Virginia.
