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Demandan al gobierno de Biden para exigir transparencia sobre adjudicación de permisos migratorios humanitarios

Las organizaciones reclaman a las agencias encargadas de procesar solicitudes migratorias la entrega de documentos internos que detallen los criterios y procesos bajo los cuáles se procesan las solicitudes.

US Vice President Kamala Harris and US Speaker of the House Kevin McCarthy (R-CA) listen as US President Joe Biden delivers remarks during the State of the Union address in the House Chamber of the US Capitol in Washington, DC, on February 7, 2023.
GETTY IMAGES

WASHINGTON - Dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes presentaron este jueves una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para exigir transparencia sobre el proceso de adjudicación de los permisos migratorios humanitarios.

En una demanda presentada ante una corte federal en Boston, las organizaciones Florence Immigrant and Refugee Rights Project y Lawyers for Civil Rights, aseguran que la mayoría de las solicitudes de permisos humanitarios por parte de sus clientes "más vulnerables" han sido "rechazadas" o no han sido atendidas.

Las organizaciones reclaman a las agencias del gobierno de EEUU encargadas de procesar solicitudes migratorias la entrega de documentos internos que detallen los criterios y procesos bajo los cuáles se procesan las solicitudes de permiso humanitario, de acuerdo con los documentos presentados ante la corte.

"Existen grandes dudas sobre cómo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) decide sobre las solicitudes", dijo Mirian Albert, abogada de Lawyers for Civil Rights, en un comunicado.

PERMISO HUMANITARIO: LA SALVACIÓN PARA MIGRANTES QUE BUSCAN REFUGIO

Ante la aplicación de mayores restricciones migratorias en la frontera sur de EEUU, el permiso humanitario es una de las pocas herramientas que los migrantes que buscan refugio en EEUU tienen para entrar al país.

Las organizaciones que presentaron la demanda aseguran que los criterios usados por EEUU para "aprobar o denegar" las solicitudes de estos permisos "son opacos porque existe muy poca información disponible públicamente sobre estos procesos", según escribieron los abogados en la demanda.

Los clientes de estas dos organizaciones que han conseguido que se les apruebe el permiso humanitario han requerido varias solicitudes, presión constante por parte de los abogados y "atención mediática", señala el documento.

La página web del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU lo define como un permiso humanitario para entrar de manera "temporal" a EEUU para individuos que lo necesiten por "razones humanitarias urgentes, una emergencia convincente o beneficio público" al país.

Para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití existe actualmente un programa de permiso humanitario que les concede una autorización para viajar a EEUU, al igual que un permiso temporal para trabajar y vivir en EEUU por dos años.

Para recibir este permiso, que tiene un máximo de 30,000 cupos al mes, las personas de estas cuatro nacionalidades necesitan tener un patrocinante en EEUU que demuestre tener los suficientes medios financieros para sostener su estadía.

En el mes de enero, 11,637 ciudadanos de estos cuatro países entraron a EEUU con el permiso humanitario, según datos de CBP.

Oasis Peña, de Integrum Medical Group, se encarga de ayudar a los cubanos recién llegados a Miami con sus trámites.

El gobierno de EEUU ha mantenido y expandido el uso del Título 42, una norma sanitaria impuesta por el expresidente Donald Trump (2017-2021) que permite la expulsión inmediata de migrantes de algunas nacionalidades en la frontera sur de EEUU.

El uso del Título 42 ha sido criticado tanto por legisladores demócratas como por organizaciones en defensa de los derechos humanos.

EEUU ha defendido el uso de la normativa, asegurando que, junto con la creación de los permisos para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, ha reducido drásticamente el arresto de migrantes que intentan cruzar de manera irregular la frontera.

La normativa ha permitido ha permitido más de 2.5 millones de expulsiones de migrantes desde que entró en vigor en 2020, según datos del International Rescue Committee.

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