Una jueza federal de Maryland ha impedido que el Departamento de Educación y la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) compartan la información personal de los demandantes en una demanda contra el gobierno de Trump con el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk.
La jueza de distrito de EEUU Deborah L. Boardman emitió una orden de restricción temporal este lunes contra ambas agencias y escribió en una opinión que los demandantes en el caso, que incluyen a miembros de varios sindicatos importantes, demostraron que el Departamento de Educación y la OPM "probablemente violaron la Ley de Privacidad al revelar su información personal a afiliados de DOGE sin su consentimiento".
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Arizona aquí.
Boardman escribió que los demandantes "cumplieron con su obligación de obtener el alivio extraordinario que buscan" al demostrar claramente que es "probable que sufran un daño irreparable sin una medida cautelar".
"A los afiliados de DOGE se les ha otorgado acceso a los sistemas de registro que contienen algunos de los datos más sensibles de los demandantes (números de Seguro Social, fechas de nacimiento, direcciones residenciales, ingresos y activos, estado de ciudadanía y estado de discapacidad) y su acceso a este tesoro de información personal es continuo", escribió. "No hay razón para creer que su acceso a esta información terminará pronto porque el gobierno cree que su acceso es apropiado".
La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NBC News.
"Esta es una decisión importante que pone un cortafuegos entre los actores que creemos que carecen de la legitimidad y la autoridad para acceder a los datos personales de los estadounidenses y los están utilizando de manera inapropiada, sin ninguna protección", dijo Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, la demandante principal en el caso.
Los demandantes son sindicatos y organizaciones de miembros que representan a empleados federales actuales y anteriores, así como a beneficiarios de préstamos estudiantiles federales y seis veteranos militares que han recibido beneficios federales o préstamos estudiantiles.
La opinión del juez señaló que los empleados de DOGE están integrados tanto en el Departamento de Educación como en la OPM y dijo que el personal de DOGE al que se le ha otorgado acceso no autorizado a los registros de los demandantes "podría usar la información disponible para crear un panorama completo de los asuntos familiares, profesionales o financieros de los demandantes".
En el Departamento de Educación, por ejemplo, el empleado de DOGE Adam Ramada y otros han sido encargados de auditar los programas federales de préstamos estudiantiles para encontrar desperdicios, fraudes y abusos. El juez, sin embargo, dijo que el gobierno no pudo demostrar por qué estos empleados necesitan acceso a los registros de los demandantes para llevar a cabo esa tarea.
"Puede ser que, con más tiempo, el gobierno pueda explicar por qué otorgar un acceso tan amplio a la información personal de los demandantes es necesario para que los afiliados de DOGE en Educación hagan su trabajo, pero por ahora, el expediente ante el Tribunal indica que no tienen necesidad de estos registros para el desempeño de sus funciones", dijo el juez.
La orden que impide al Departamento de Educación y a la OPM compartir los datos personales de los demandantes con DOGE vence el 10 de marzo.
Como parte de la misma demanda, los demandantes también demandaron al Departamento del Tesoro y a su secretario, Scott Bessent, pero el juez denegó la moción de una orden de restricción temporal para bloquear el acceso de DOGE a sus sistemas, señalando que otro juez ya había impuesto una orden de restricción al Departamento del Tesoro.
