WASHINGTON DC — El Departamento de Seguridad Nacional dijo el lunes que puso fin a una política de la era Trump que requería que los solicitantes de asilo esperaran en México para audiencias en la corte de inmigración de EEUU, horas después de que un juez levantara una orden vigente desde diciembre para restablecerla.
El momento había estado en duda desde que la Corte Suprema dictaminó el 30 de junio que el gobierno de Biden podría poner fin a la política de “Permanecer en México”. Los funcionarios de Seguridad Nacional habían permanecido en gran parte en silencio, diciendo que tenían que esperar a que la corte certificara el fallo y que un juez designado por Trump, Matthew Kacsmaryk en Amarillo, Texas, levantara su orden judicial. La Corte Suprema certificó su fallo la semana pasada.
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El programa se desmantelará de “manera rápida y ordenada”, dijo Seguridad Nacional en un comunicado. No se inscribirán más personas y las que comparezcan en la corte no serán devueltas a México cuando se presenten en Estados Unidos para sus próximas audiencias.
La política “tiene fallas endémicas, impone costos humanos injustificables y quita recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios para asegurar nuestra frontera”, dijo el departamento.
Quedan muchas preguntas, incluso si aquellos cuyos reclamos han sido denegados o desestimados tendrán una segunda oportunidad o si aquellos cuyas próximas fechas en la corte están a meses de distancia podrán regresar a EEUU antes. Seguridad Nacional dijo que proporcionará información adicional “en los próximos días”.
Cerca de 70,000 migrantes estuvieron sujetos a la política, conocida oficialmente como “Protocolos de Protección de Migrantes”, desde que el presidente Donald Trump la introdujo en enero de 2019 hasta que el presidente Joe Biden la suspendió en su primer día en el cargo en enero de 2021, cumpliendo una promesa de campaña. A muchos se les permitió regresar a Estados Unidos para continuar con sus casos durante los primeros meses de la presidencia de Biden.
Casi 5,800 personas estuvieron sujetas a la política de diciembre a junio, un número modesto. Los nicaragüenses representan el mayor número, con otros de Cuba, Colombia y Venezuela.
Trump hizo de la política una pieza central de la vigilancia fronteriza, que los críticos dijeron que era inhumana por exponer a los migrantes a la violencia extrema en México y dificultar mucho el acceso a abogados.
