Aquí te explicamos.
ALBUQUERQUE, Nuevo México — El FBI está enviando agentes adicionales, analistas y otro personal a oficinas de campo en 10 estados durante los próximos seis meses para ayudar a investigar delitos violentos no resueltos en el territorio indígena, marcando una continuación de los esfuerzos del gobierno federal para abordar las altas tasas de violencia que afectan a las comunidades nativoamericanas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el martes que las asignaciones temporales comenzaron de inmediato y rotarán cada 90 días en oficinas de campo que incluyen Albuquerque, Phoenix, Denver, Detroit, Minneapolis, Oklahoma City, Seattle, Salt Lake City, Portland, Oregón, y Jackson, Mississippi.
El FBI trabajará con la Unidad de Desaparecidos y Asesinados de la Oficina de Asuntos Indígenas, autoridades tribales y fiscales federales en cada uno de los estados.
"Las tasas de criminalidad en las comunidades de indios americanos y nativos de Alaska son inaceptablemente altas", dijo la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, en un comunicado.
"Al aumentar los recursos del FBI y colaborar estrechamente con los fiscales de EEUU y la policía tribal para procesar casos, el Departamento de Justicia ayudará a proporcionar la responsabilidad que estas comunidades merecen."
El trabajo para atraer más atención a la crisis se ha extendido por décadas. El presidente Donald Trump fue el primer presidente en reconocer formalmente el problema cuando firmó una orden ejecutiva durante su primer mandato estableciendo un grupo de trabajo para abordar la alta tasa de asesinatos y desapariciones entre los nativos americanos y nativos de Alaska.
También firmó una legislación en 2020 que ordenó a los departamentos de Justicia e Interior consultar con las tribus mientras desarrollaban directrices nacionales de aplicación de la ley y una medida separada que pedía que se estableciera una comisión federal para encontrar formas de mejorar cómo el gobierno responde a los casos del territorio indígena.
EEUU
El presidente Joe Biden emitió su propia orden ejecutiva sobre seguridad pública en 2021, y la entonces secretaria del Interior, Deb Haaland, lanzó esfuerzos para implementar la Ley No Invisible y la comisión federal. Se llevaron a cabo reuniones públicas en todo el país como parte del esfuerzo, sobrevivientes y miembros de la familia contaron historias desgarradoras y se elaboraron recomendaciones en 2023.
Ese año, el Departamento de Justicia también estableció su programa de divulgación para Personas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, enviando más abogados y coordinadores a ciertas regiones para ayudar con casos no resueltos.
En años anteriores, la Operación No Olvidada del FBI había desplegado a unas 50 personas para la tarea temporal. Este año, son 60.
Pero sin recursos consistentes y detectives capacitados investigando los crímenes, los defensores dicen que muchos casos quedan sin resolver. Llamaron a la última oleada del FBI una inversión esencial, diciendo que debería hacerse permanente.
"Esto no debería ser solo un esfuerzo único de seis meses", dijo Abigail Echo-Hawk, directora del Instituto de Salud Urbana Indígena con sede en Seattle. "Necesitamos que este tipo de inversión continúe y que el territorio indígena reciba los recursos que necesitamos tan desesperadamente."
Poder investigar y responsabilizar a las personas puede servir como un disuasivo, dijo Echo-Hawk, agregando que tiene la esperanza de que algunas familias puedan encontrar justicia como resultado del esfuerzo.
Tomó alrededor de cuatro meses para que la administración Biden emitiera una respuesta a las recomendaciones mandatadas por el Congreso presentadas por la Comisión No Invisible, reconociendo en ese momento que se necesitaba hacer más en todo el gobierno federal para resolver la crisis y apoyar la sanación de los traumas generacionales.
Pero no está claro qué ha sucedido con las recomendaciones ahora, ya que una página web del Departamento de Justicia que incluía un enlace al informe ya no existe.
Echo-Hawk espera que Trump cumpla con las promesas hechas y el trabajo que comenzó durante el primer mandato para abordar el problema.
"Las recomendaciones de la Comisión de la Ley No Invisible necesitan ser restauradas", dijo, "y necesitamos buscar oportunidades para actualizarlas."
Según las autoridades federales, el programa del territorio indígena del FBI tenía 4,300 investigaciones abiertas al comienzo del año fiscal. Eso incluía más de 900 investigaciones de muertes, 1,000 investigaciones de abuso infantil y más de 500 casos de violencia doméstica y abuso sexual de adultos.
La operación en los últimos dos años ha apoyado más de 500 investigaciones, llevando a la recuperación de 10 niños que fueron víctimas y al arresto de más de 50 sospechosos.
