Pareciera que las destituciones de funcionarios en El Salvador no han terminado. El presidente Nayib Bukele adelantó el lunes que su gobierno va a cumplir el mandato de la población que en las elecciones más recientes le dio el control del Congreso a su partido Nuevas Ideas y le permite hacer cambios removiendo a funcionarios con los que el mandatario ha tenido marcadas diferencias.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van todos”, dijo Bukele en un tuit.
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El nuevo legislativo también podría buscar la destitución de los magistrados de la Corte de Cuentas y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, cuya elección estuvo marcada por señalamientos y enfrentamientos entre los diputados por tener expedientes de investigación abiertos en el sistema judicial y por ser financista del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), opositor.
Después de ser destituidos el pasado sábado por la nueva Asamblea, tres magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el fiscal general presentaron sus renuncias irrevocables, lo que deja libre el camino a los nuevos funcionarios que el lunes comenzaron su trabajo.
Más tarde el abogado José Óscar Armando Pineda Navas, en su calidad de magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional, presentó a la Asamblea Legislativa una carta en la que expresa su decisión de renunciar a su cargo, aduciendo razones personales y familiares.
Centroamérica
Poco antes de las renuncias, los cinco magistrados de Sala de lo Constitucional habían suscrito una resolución que declara inconstitucional la destitución.
El 1 de mayo, después de instalarse, los diputados convocaron a la primera sesión plenaria y como puntos únicos a discusión promovieron la destitución inmediata de los cinco magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, así como la remoción del Fiscal General. La misma noche eligieron y juramentaron a los sucesores.
Uno a uno llegaron a la Corte Suprema los nuevos magistrados para participar en una reunión a puerta cerrada de la Corte en pleno (de los 15 magistrados), convocada por el nuevo presidente de la Corte Suprema y de la Sala de lo Constitucional, el abogado Oscar López Jerez.
Con 13 magistrados propietarios y dos suplentes, se instaló la sesión de Corte Plena que encabezó López Jerez.
“Lo que ha ocurrido en este caso es un acto de aplicación directa de la Constitución y sobre esa temática se fundamenta la legitimidad democrática de nuestro nombramiento... Soy magistrado, soy juez; no estoy en política”, dijo López Jerez a periodistas cuando llegaba a la Corte Suprema.
Por su parte, el nuevo magistrado, Naum Martínez, al justificar su nombramiento, dijo que: “La legitimidad viene del pueblo salvadoreño el 28 de febrero, cuando decidió darle la mayoría en la Asamblea al partido Nuevas Ideas y le delegó esta facultad de elegir. Y dándole cumplimiento a ese mandato constitucional decidió destituir a los magistrados de la Sala anterior y conformar esta nueva Sala de lo Constitucional”.
Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en las redes sociales una carta de renuncia. Después le siguieron los abogados Marina Marenco de Torrento y Carlos Ernesto Sánchez. Todos aducen razones personales y familiares.
Poco antes de su renuncia, los tres magistrados habían suscrito una sentencia que declara inconstitucional la destitución. Los tres fueron electos para el periodo 2018-2027.
Por su parte, el fiscal general Raúl Melara, pese a que aseguró que su destitución “es totalmente inconstitucional, al carecer de fundamento jurídico y de un debido proceso conforme a la Carta Magna”, también presentó su renuncia irrevocable.
Melara fue electo fiscal general para el periodo que inició el 6 de enero de 2019 y culminaba el 5 de enero de 2022.
Los diputados acusan a los magistrados de incurrir en violaciones a la Constitución, generando vulneraciones al derecho a la vida, la seguridad jurídica, al principio de seguridad y legalidad, con las resoluciones emitidas cuando frenaron algunas medidas de Bukele para combatir la pandemia.
En cuanto a Melara, dijeron haber comprobado que existe un vínculo con el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Su sucesor, Rodolfo Delgado, que asumió el cargo el mismo sábado, dijo el lunes a los periodistas que su gestión no responderá a los intereses de partidos políticos o grupos de poder y trabajará para a garantizar el bienestar del Estado y la población salvadoreña.
Entretanto, a nivel local e internacional continúan las expresiones de preocupación o rechazo por la decisión del nuevo congreso salvadoreño, dominado por la bancada del partido Nuevas Ideas de Bukele.
Tanto la ONU como la OEA y organizaciones defensoras de los derechos humanos locales e internacionales han criticado fuertemente la decisión de la nueva Asamblea Legislativa porque aseguran atenta contra la democracia.
Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU António Guterrez, expresó su preocupación tras la destitución de los jueces de la Corte Suprema y el impacto que ello representa “en el sistema de controles y equilibrios en El Salvador”.
El secretario general, dijo el vocero, llama al “respeto de las provisiones constitucionales, la ley y la división de poderes, con un enfoque en preservar el progreso democrático logrado por el pueblo salvadoreño desde la firma del acuerdo de paz”.
Más tarde, los senadores estadounidenses Bob Menéndez, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, y Patrick Leahy, de la Comisión de Asignaciones Presupuestarias, emitieron una declaración en la que dicen que las destituciones son “una emboscada autocrática profundamente preocupante que sin duda viola el espíritu de la Carta Democrática Interamericana y el principio fundamental de respeto hacia la separación de poderes”.
Exhortan a sus homólogos salvadoreños a que revoquen de inmediato ese “abuso de poder antidemocrático” para así evitar un debilitamiento de las relaciones bilaterales e instan al gobierno del presidente Joe Biden a dejar claro que el apoyo financiero de Estados Unidos hacia el gobierno de Bukele debe depender del respeto a la democracia, la independencia judicial y la ley.
