La Asamblea Legislativa de El Salvador votará el jueves, durante la sesión plenaria ordinaria, una ley que prohíba todas las formas de explotación minera en el país centroamericano.
La ley, que debe ser aprobada por 43 de los 84 votos posibles, será sometida al pleno del Congreso tras ser discutida y aprobada por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Órgano Legislativo, que está integrada por diputados del oficialismo y de la oposición.
"Los 11 artículos de la ley fueron aprobados por unanimidad por los compañeros (diputados), por lo que la posibilidad que se apruebe el próximo jueves es una realidad", manifestó el parlamentario Guillermo Mata del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Entre las voces que se han pronunciado en el debate que puede poner punto final a las operaciones de mineras privadas como OceanaGold, se encuentra Carlos Padilla, gobernador de una importante provincia de Filipinas y quien dice que dicha trasnacional causó severos daños a los recursos naturales y a los indígenas de la zona. Él se encuentra en una serie de reuniones de alto nivel para mostrar el impacto de las operaciones mineras en su zona.
Mata destaca que la ley está fundamentada en la prohibición de toda actividad de exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos.
El ente rector de dicha normativa será el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía (MINEC) que será el responsable de la recuperación de regiones afectadas, agregó Mata.
El pasado 6 de marzo, la Iglesia católica, con esta propuesta, se unió al llamamiento de diversas organizaciones ambientales de El Salvador que en reiteradas ocasiones han pedido eliminar todas las formas de explotación minera en el país.
Según la ONU, El Salvador tiene el mayor grado de deterioro ambiental en América, después de Haití, con solo 3 % de bosque natural intacto, con suelos arruinados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.
Un sondeo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) realizado en 2015 reveló que un 77 % de la población que vive en los municipios amenazados por la minería metálica exige al Gobierno de El Salvador tomar medidas inmediatas para prohibir dicha industria.
