PHOENIX — Una corte de apelaciones rechazó el argumento de un funcionario de Arizona de que los cargos por delitos graves en su contra por retrasar la certificación de los resultados de las elecciones de 2022 en su condado rural deberían desestimarse porque tiene inmunidad legislativa.
En una orden emitida el martes, el Tribunal de Apelaciones de Arizona concluyó que el deber del supervisor del condado de Cochise, Tom Crosby, de certificar los resultados de las elecciones no era discrecional.
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La Corte de Apelaciones también dijo que certificar los resultados de las elecciones es una responsabilidad administrativa y que la inmunidad legislativa no se aplica a la situación de Crosby.
Crosby y la supervisora del condado de Cochise, Peggy Judd, ambos republicanos, fueron acusados penalmente después de que se negaron a certificar los resultados.
Hace dos meses, Judd se declaró culpable de un delito menor por no cumplir con su deber como funcionaria electoral y fue sentenciada a libertad condicional.
Crosby se declaró inocente de los cargos de conspiración e interferencia con un funcionario electoral. Su juicio está programado para el 30 de enero.
Dennis Wilenchik, uno de los abogados de Crosby, dijo que su cliente pedirá a la Corte Suprema del estado que revise el asunto. Wilenchik dijo que retrasar la fecha de la certificación unos días no era un acto criminal y que Crosby debería ser vacunado.
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"Si es solo un sello de goma, ¿por qué es necesaria (la certificación)?", dijo Wilenchik.
Los resultados del condado de Cochise finalmente se certificaron después de la fecha límite después de que un juez ordenó a Judd y Crosby que cumplieran con sus deberes legales.
Judd y la supervisora Ann English, la única demócrata de la junta, finalmente aprobaron el escrutinio, lo que permitió que la certificación estatal se llevara a cabo según lo programado.
