PHOENIX — Una jueza federal se negó a suspender una ejecución prevista para el miércoles en Arizona, luego que el estado entregara a los abogados del asesino preso, Clarence Dixon, los documentos que describen las pruebas realizadas con el fármaco que se utilizará. Sin embargo, una serie de acciones judiciales adicionales de último minuto podría aplazar la ejecución.
Ese recurso judicial seguramente incluirá el argumento de Dixon, según el cual los resultados de las pruebas divulgadas el viernes por la noche muestran que el sedante que se va a utilizar ha superado su fecha de caducidad. Los fiscales de Arizona sostienen que no caducará hasta agosto.
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Los abogados de Dixon también planean apelar ante la Corte Suprema de Arizona el fallo del martes de un juez estatal que establece que si bien Dixon sufre de esquizofrenia, comprende de manera racional por qué el Estado quiere acabar con su vida y por lo tanto es competente para ser ejecutado.
Si el tribunal superior del estado se niega a anularlo, tienen previsto recurrir a los órganos jurisdiccionales federales para abordar esta cuestión.
Sin embargo, el tiempo se agota, como señaló la jueza federal de distrito, Diane Humetewa.
“Sólo quiero recordarles que la ventana de oportunidad aquí se está cerrando”, señaló Humetewa a los abogados de Dixon al término de la audiencia del sábado. “Les pido que sean conscientes de ello”.
LOS PROBLEMAS DE ABASTO DEL FÁRMACO PARA LA EJECUCIÓN
La audiencia del sábado se centró sobre todo en determinar si el barbitúrico pentobarbital sódico, que fue preparado en una solución por una farmacéutica autorizada, cumplía las directrices de caducidad. Pero esa cuestión en sí misma no fue tratada por la jueza, sino sólo el argumento por parte de Dixon de que tenía el derecho constitucional a conocer los resultados de las pruebas en que se basó el estado de Arizona para fijar la fecha de expiración.
El viernes por la noche, una vez que el estado le proporcionó esa información, Humetewa dijo que no tenía nada que hacer.
“Así que su petición ha sido atendida”, aseveró Humetewa. “Creo que la discusión sobre si el compuesto ha caducado o no es una cuestión totalmente aparte”.
La abogada de Dixon, Jennifer Moreno, indicó que se acelerará una demanda corregida que busca explorar ese aspecto.
En los últimos años, Arizona y muchos otros estados han tenido dificultades para conseguir fármacos para las ejecuciones después que los fabricantes de medicamentos se negaran a vender sus productos para ese uso. Arizona obtuvo el pentobarbital que planea utilizar de una farmacia de compuestos no identificada.
