PHOENIX- La Corte Suprema de Arizona dictaminó este miércoles que el Senado estatal puede mantener en secreto cientos de correos electrónicos y otros registros relacionados con su revisión partidista de las elecciones de 2020 porque son “privilegiados” y están exentos de divulgación según la ley estatal de registros públicos.
El fallo unánime significa que el público probablemente nunca sabrá mucho de lo que la presidenta republicana del Senado, Karen Fann, y el senador republicano Warren Petersen, que encabeza el comité judicial, le dijeron a Doug Logan y a otras personas involucradas en la “auditoría”.
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Logan encabeza Cyber Ninjas, la firma sin experiencia que contrató el Senado para supervisar la auditoría de computadoras y máquinas de conteo de boletas y contar a mano 2.1 millones de boletas emitidas en las elecciones de 2020 en el condado de Maricopa.
La victoria del presidente Joe Biden llevó al expresidente Donald Trump a alegar sin pruebas que perdió en Arizona y otros estados disputados por fraude. Luego, el Senado lanzó la revisión, que encontró que los resultados del conteo de votos eran ciertos.
El informe de Logan planteó una serie de otras afirmaciones sobre posibles problemas con las elecciones, la mayoría refutadas desde entonces. Incluyen la posibilidad de que los equipos electorales se conecten a Internet o que una gran cantidad de votos hayan sido emitidos por votantes muertos.
El fallo escrito por el juez John López dice que se aplica el privilegio legislativo porque la auditoría fue parte de una investigación que posiblemente podría conducir a nuevas leyes electorales. Eso es suficiente para proteger los aproximadamente 1000 correos electrónicos, mensajes de texto y otras comunicaciones que el Senado se negó a publicar.
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“La Auditoría es una actividad legislativa dentro de la autoridad de la legislatura, y las comunicaciones relacionadas con esta actividad están cubiertas por el privilegio legislativo”, escribió López. “En consecuencia, las comunicaciones internas del Senado relativas a la autorización, planificación y resultados de la investigación de Auditoría son privilegiadas”.
El fallo anula tanto a un juez de primera instancia como a la corte estatal de apelaciones, que adoptaron puntos de vista estrechos sobre el privilegio legislativo y sostuvieron que el público tenía derecho a saber lo que los senadores discutieron sobre la auditoría.
